Castella

Han salido las peticiones fiscales a los tres jóvenes de Lleida que fueron denunciados por amenazas a un carcelero del centro penitenciario de Ponent y por obstrucción a la justicia. La petición de la fiscal Marta ViñualesLoriente es de 4 años de prisión a dos de ellos y 3 años al otro, sumado a una multa de más de 20.000 euros. El abogado de la Generalitat Jorge Merino Hernández amplía esta petición a 6 años para los dos primeros y 3 y medio al otro. En qué consisten estos delitos?
Obstrucción a la justicia es un delito relacionado con la presión que se hizo hace dos inviernos en los juzgados de Lleida, en las concentraciones convocadas por el grupo de apoyo a presxs en lucha de Ponent, en solidaridad con lxspresxs que denunciaban abusos en la prisión. Cuando un preso denuncia a carceleros por maltratos estos le hacen una contra-denuncia por agresiones, además de suponerle sanciones o traslados. Con estas acciones consiguen esterilizar las denuncias por torturas de los y las presas, puesto que la contra-denuncia consigue que se archive la del preso, o el traslado hace mucho más difícil el proceso de la denuncia. Sea cual sea la estrategia, el escarmiento a un preso que denuncia pasa por los aumentos de condena, las palizas o el alejamiento de su residencia. Aún así, asumiendo las represalias, muchas presas en todo el estado se coordinaron para hacer visible la situación de impunidad que se respira en las prisiones. Varios grupos de apoyo de diferentes ciudades trataron de acercar la campaña Prisión=Tortura en la calle.
La gente que fue a dar su apoyo a los diferentes juicios contra Juankar Santana Martin, (preso que secundaba la campaña en el CP Ponent, motivo por el cual fue citado varias veces a los juzgados de Lleida) asistían de manera legal como audiencia pública. De este modo ya no es tan sólo el preso el que conoce de primera mano el espectáculo de la justicia. La impunidad de la mafia carcelaria cuenta con la oscuridad de las celdas de aislamiento, pero sobre todo con la indiferencia social; y es la tensión que se respiraba ante acusaciones públicas tan serias y la respuesta social que se dio para sacarlo a la luz, que ha obligado a la policía a dar este golpe represivo. A los tres jóvenes se les acusa de asistir a estos juicios y de amenazar a un carcelero en la plaza Sant Joan durante el acto de protesta. Necesitan crear cabezas de turco para parar la lucha en Lleida, protegiendo carceleros y médicos de prisiones por su condición de torturadores, silenciando la crudeza de la realidad en las prisiones.

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